La reciente autorización del evento transgénico HB4 para el cultivo de soya en Bolivia, anunciada durante la feria Exposoya 2026, ha sido presentada por el sector agroindustrial como un avance tecnológico esperado. Autoridades gubernamentales y representantes del sector productivo sostienen que el uso de esta biotecnología permitirá aumentar los rendimientos y mejorar la tolerancia de los cultivos frente a la sequía y al estrés hídrico.


Suelos, bosques, agua y semillas: soportes de vida en riesgo
A ello se suma el impacto directo sobre los productores; los altos costos de producción, la creciente dependencia de insumos químicos, la pérdida progresiva de la variabilidad genética y las limitaciones para que los agricultores produzcan y conserven sus propias semillas profundizan su vulnerabilidad. En este escenario, la soya HB4 no aborda las causas estructurales de la crisis alimentaria y, por el contrario, puede reforzar un modelo agroextractivista que incrementa la presión sobre los ecosistemas y debilita la autonomía productiva.

Agroecología y resiliencia climática
Entre estas estrategias destacan la diversificación productiva, la conservación de semillas locales, la siembra y cosecha de agua, los sistemas agroforestales y la implementación de prácticas agroecológicas orientadas a mejorar la productividad de manera sostenible (FAO, 2021).
Coherencia con las políticas nacionales
La expansión de cultivos transgénicos también plantea cuestionamientos en la sociedad civil sobre su coherencia con el marco normativo del país. La Constitución Política del Estado y la Ley N.º 300 de la Madre Tierra establecen la protección de la biodiversidad, la salud y los sistemas de vida, así como la necesidad de promover modelos productivos sostenibles. Un ejemplo de ello es la Estrategia Nacional de Agroecología, impulsada en Bolivia, que plantea fortalecer sistemas productivos basados en la biodiversidad, la conservación del suelo y el manejo responsable del agua (MDRyT, 2025).
Estas políticas reflejan el reconocimiento de que la seguridad alimentaria del país depende no solo de la producción agrícola, sino también de la protección de las bases productivas y del fortalecimiento de sistemas productivos resilientes.

